29.8.12

De denuncias y delaciones

Las reacciones a la mera posibilidad de denunciar irregularidades en los procesos de matriculación en las escuelas, y casos de incivismo los transportes públicos o de amenazas en las redes sociales han sido tan exageradas como suelen serlo las reacciones públicas. Esta exageración, que ha llevado a comparar el escenario con el siempre revenant 1984 de Orwell para alertar sobre un posible retorno de los autoritarismos y de graves problemas de convivencia entre los ciudadanos, no es sino una muestra del poco respeto que ya se tiene a la ley democrática y de la dificultad que tienen algunos para diferenciarla de la ley dictatorial o de la arbitrariedad tiránica.
Pero, como debería ser evidente para todo ciudadano democrático, esta diferencia existe y es fundamental. Y no se manifiesta sólo en el origen de la ley, en el proceso de su aprobación y en la posibilidad de su sustitución, sino también en su intencionalidad. Es aquí donde se muestra la diferencia entre una ley que busca la mejor convivencia posible entre ciudadanos libres e iguales y la ley que tiende a buscar la mayor sumisión posible de los ciudadanos al dictador. Y es esta diferencia la que hace que saltarse la ley pueda ser, en un caso, un acto de autodefensa ante el poder ilegítimo y, por tanto, un acto libre y liberador, y en el otro caso, en el caso democrático, un acto que atenta contra los demás ciudadanos.
Tendemos a olvidar que el problema no es que haya gente que presente denuncias contra sus conciudadanos, sino que haya gente que se salte las leyes. De la misma manera que, como nos ha recordado el absurdo caso de Sánchez Gordillo y sus defensores intelectuales, el principal problema de la justicia no es el de la desobediencia civil. Siempre podemos encontrar excusas, más o menos sofisticadas, para saltarnos la ley. sino el de la obediencia civil. El problema es precisamente el de ser capaces de cumplir las leyes, por respeto a la ley pero, sobre todo, por respeto a nuestros conciudadanos, incluso cuando saltarnosla nos resultaría claramente beneficioso.
Porque aquí no estamos hablando de unos ciudadanos que se denuncian entre ellos de forma compulsiva, sin motivo alguno y por miedo al gobierno, sino de unos ciudadanos que denuncian a los infractores de una ley legítima, con motivos y con pruebas. En el peor de los casos, porque les tienen miedo. Y en el mejor de los casos, porque están hartos de la benevolencia con que en este país se trata a los delincuentes y de esa absurda retórica que disculpa la "picaresca" (que no es más que la corrupción generalizada) y acusa al "chivato" (que no es más que el que pretende que la ley democrática impere sobre la ley del más fuerte).
Estos buenos ciudadanos hace tiempo que han aprendido que quien atenta contra la norma atenta contra ellos y contra la sana convivencia cívica. Hace tiempo que saben que cuando alguien hace trampas para inscribir a los niños en la escuela no perjudica al Estado o el gobernante del otro partido o el maldito político corrupto de turno, sino que perjudica a los otros padres, a todos aquellos padres que haciendo las cosas bien, y precisamente por hacer las cosas bien, no podrán llevar a su hijo a la escuela que quieren.
Hace tiempo que saben que los incívicos de los transportes públicos no molestan a la policía sino los demás pasajeros y algunos incluso saben que las amenazas virtuales son amenazas muy reales. Estos buenos ciudadanos saben que respetar la ley democrática es respetar el resto de ciudadanos. Y, lejos de acercarlos al autoritarismo, esta conciencia es lo que los hace ciudadanos dignos de un Estado de derecho.

22.8.12

Son fascistas y no lo saben

Un grupito de los autoproclamados demócratas reales ha organizado, para el próximo día 25 de septiembre (25S, para los jóvenes) una ocupación del Congreso de los Diputados. Dicen que quieren quedarse allí hasta que se disuelva el Parlamento, dimita el gobierno y se abra un nuevo proceso constituyente. Como era de prever, los promotores del acto se declaran anticapitalistas, antineoliberales, antipatriarcales y antifascistas, entre muchas otras cosas. En el blog Zona Crítica, del futuro "eldiario.es", han entrevistado a estos anónimos representantes de la auténtica voluntad del auténtico pueblo. Y es una entrevista imprescindible para saber de qué hablamos y con quién nos las tenemos. Allí queda claro que, si la idea es como la que tuvieron los revolucionarios catalanes cuando asaltaron el Parlamento, también sus problemas son los mismos. Son problemas morales porque son intelectuales, porque apenas saben lo que dicen y porque lo que dicen está muy lejos de conformar un discurso mínimamente lógico y con sentido. Y el peor de los problemas es también el que era: que son fascistas y no lo saben.
Una de las cosas que quedan claras en esta entrevista es que el anonimato de la convocatoria tiene poco que ver con la renuncia a personificar o liderar un movimiento que, como todos los de su género, se pretende espontáneo y popular. Tiene poco que ver con la voluntad de respetar la auténtica voluntad popular. Tiene más que ver con el hecho de que expone el misterioso portavoz de los convocantes: "Algunos de nosotros ya estamos fichados y perseguidos suficientemente por todo lo que hemos hecho durante este año y pico o antes, y queremos protegernos". Es un discurso que nadie que tenga un poco de respeto por la ley se atrevería a pronunciar y mucho menos a aplaudir. Pero es un discurso que recuerda y deja muy claro que los revolucionarios de hoy en día están mucho más dispuestos a sacrificar al sistema y a todos los que se les ponga por delante (sean políticos, compañeros revolucionarios o cajeras de supermercado) que a sacrificarse por la revolución.
Yo creo, sinceramente, que es porque no saben qué es una revolución y porque si lo supieran seguramente no estarían dispuestos a hacerla. Y que por eso tampoco saben qué es un asalto o una ocupación del Congreso. Es así que los mismos que llaman a ocupar el congreso pretenden dejar muy claro que sólo han "convocado una acción masiva para rodear el Congreso". Que no quieren "entrar por la fuerza con Kalashnikovs ni nada de eso", que no quieren "asaltarlo". Que lo pasa es que necesitan "que no sea una manifestación más" y que es por eso que utilizan "un tipo de lenguaje que (les) ayude a llamar la atención".
Es una tentación recurrente de estos pequeños líderes intelectuales la de pretender poner el lenguaje al servicio de la revolución. Y esto sería simplemente deshonesto o ridículo si no fuera porque al final las cosas quieren decir lo que quieren decir y la gente no está por metáforas. Si no fuera porque cuando ellos llaman irresponsablemente a asaltar el Congreso la gente sólo puede entender que se les llama a asaltar el Congreso. Y no porque sea estúpida sino por todo lo contrario, porque la mayoría no tiene tiempo ni ganas de jugar con las palabras y por eso no se dejan confundir por la poética revolucionaria. Por decirlo así, estos poetas son los únicos que no entienden qué quieren decir cuando dicen que necesitan "que no sea una manifestación como otra" y que por ello hablan de ocupar el Congreso.
Son fascistas y no lo saben. Y son fascistas tanto en el fondo como en las formas. Son fascistas porque pretenden representar la auténtica voluntad del auténtico pueblo y porque para ello se otorgan una legitimidad que nadie les ha reconocido. Son fascistas porque ocupar el Congreso, disolver el Parlamento, hacer dimitir al gobierno y abrir un nuevo proceso constituyente es lo que se conoce con el nombre de Golpe de Estado. Y no saber que lo son no les hace más inocentes ni menos peligrosos. Si ahora vuelve a estar de moda que nos canten la canción del comunismo como una buena idea mal aplicada, quizás les tendremos que contestar que el fascismo era una metáfora estúpida demasiado bien aplicada. Que el fascismo siempre está a una metáfora de distancia. Y que por eso es mejor no forzar demasiado la retórica y debatir como debate el pueblo, que es precisamente lo que se hace en el Congreso.

15.8.12

Huelgas de hambre


Parece que los huelguistas de hambre solidarios con el preso etarra ya son más de cien. Son muchos y muy solidarios, no hace falta decirlo. Pero esta huelga de hambre, mucho más que una muestra de solidaridad, es un nuevo chantaje del mundo abertzale al Estado de derecho. Porque incluso cuando el éxito de este chantaje no tuviera más efecto que el cumplimiento estricto de la ley y la liberación de un preso en situación crítica, también aquí la naturaleza de la lucha se basa en aquella perversa lógica, que no es sólo etarra pero que es profundamente antidemocrática, de que la ley sólo es justa cuando nos es beneficiosa. Contra este chantaje, un estado de derecho sólo puede hacer dos cosas: repetir que no se negocia con terroristas y aplicar la ley, sea para dejar que el terrorista muera en familia y libertad, o para dejarlo encerrado hasta que cumpla su condena. Pero no puede olvidar que las huelgas de hambre no son más que otra forma de violencia contra legalidad.
Quizás la dificultad para reconocer esta huelga como una nueva muestra de violencia tiene mucho menos que ver con algún tipo de simpatía por el mundo abertzale que con la absoluta banalización que la izquierda de este país ha hecho de las huelgas de hambre. Aquí un huelguista de hambre es difícil de diferenciar de un solidario a dieta. O de simples berrinches infantiles de ahora no respiro, que si alguna vez empiezan de verdad sólo duran hasta que empieza a intuirse la necesidad que tenemos de respirar o comer. Seguramente la versión más grotesca que hemos visto es la de aquella mujer, Teresa Salas, y sus amigas, que lograron sus 15 minutos de fama con la que quizás fue la primera huelga de hambre por turnos de la historia, en favor del pueblo palestino. El médico les había dicho que las huelgas de hambre perjudican gravemente la salud y sus hijos y familiares estaban un poco preocupados. Así que una de las solidarias no comía durante unos días y cuando el hambre se le hacía insoportable una de sus amigas cogía el relevo y seguía la lucha un rato más y luego otra y otra y vuelta a empezar.
Como así están las cosas no es de extrañar que cuando la izquierda ve una huelga de hambre auténtica se la tome a broma. Esto le pasó al pobre Willy Toledo cuando, a sueldo del régimen castrista, bromeaba con la huelga de hambre del disidente cubano Guillermo Fariñas. Seguro que no es porque sea una mala persona sino porque, quizás por la fuerza de la costumbre, no podía imaginar que Fariñas estuviera dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias y dejarse morir. Porque lo único que da sentido a las huelgas de hambre es la amenaza de dejarse morir, lenta y públicamente, para denunciar las injustas leyes del régimen. Que nuestros huelguistas no pretendan denunciar ninguna ley injusta es sólo un recordatorio de su desprecio por la ley justa, pero ciertamente no hace que su huelga sea menos real. Si llevan años dispuestos a matar para liberar una gente que aún está por ver que quiera ser liberada de una tiranía a todas luces inexistente, quizás podría haber llegado el día en que estuvieran realmente dispuestos a morir por sus ideas.
Ante esta posibilidad, insisto, el Estado debe repetir y mostrar que no negocia con terroristas y responder con las armas que le son propias a la nueva amenaza terrorista. Contra el chantaje y la violencia, el Estado debe responder, ahora como siempre, con la violencia legal para asegurar el cumplimiento de la ley. Que en este caso, y si la cosa se complica y se pone fea, puede llegar a suponer mantener vivo y preso a alguno de los solidarios. Por la fuerza de la ley.

9.8.12

Poco governo

Dos escenas recientes, protagonizadas por políticos, me parecen especialmente preocupantes por la confusión ideológica que reflejan. La primera la protagonizó el Presidente Rajoy en el Congreso de los diputados, afirmando que a él y a su gobierno les encantaría poder elegir entre hacer un bien y hacer un mal pero que por culpa del anterior gobierno de Zapatero se veían obligados a elegir entre dos males. Bien podría ser que Rajoy no creyera lo que dijo, y que sólo lo dijera para defenderse atacando, para recordar y exagerar la parte de responsabilidad que los socialistas tienen en la situación actual. Pero es posible y preocupante que Rajoy lo dijera porque lo cree así. Que lo dijera porque cree, como parecen creer tantos de nuestros políticos y tantos de nuestros conciudadanos, que hacer justicia es hacer prevalecer el bien sobre el mal. Y que crea, como parece creer tanta gente, que para ello se debe gastar más de lo que ahora podemos gastar. Los gobiernos comparten con su oposición más radical la premisa básica de que unos presupuestos más exiguos no pueden ser unos presupuestos más justos. Y es preocupante que así sea porque no está claro cuándo podremos gastar más que ahora, porque la justicia  es prioritaria al crecimiento y porque así, limitando el debate sobre la justicia al debate sobre la futura sociedad justa, tiende a olvidarse que hacer justicia tiene mucho que ver con intentar ajustarse lo mejor posible a las condiciones presentes.
La segunda escena es la de aquella lamentable discusión que el señor Nadal, del PSC, mantuvo con algunos ciudadanos a las puertas del Parlament. Estos ciudadanos acusaban al Parlament y a los parlamentarios de asesinos y genocidas y lo único que fue capaz de responder el señor Nadal (muy indignado, eso sí), es que los asesinos no eran los parlamentarios, sino el gobierno y sus recortes. También es cierto que el señor Nadal podría haber hecho estas declaraciones cegado por el partidismo, pero yo, que tengo una gran confianza en la buena fe de los hombres en general y de los políticos en particular, creo que el señor Nadal lo dijo de todo corazón. Me parece que también el señor Nadal dice lo que piensa. Y el problema es que el señor Nadal debe haber ido olvidando que la lógica de los acontecimientos es otra. Que lo que pasa, aquí como en todas partes, con este gobierno como con todos los demás, es que la gente tiende a morir y que todo lo que hacen los médicos y los gobiernos es intentar aplazar ese ineludible final. Pero que ni unos ni otros pueden evitarlo, porque ni los hombres ni los gobiernos lo pueden todo.
El triunfo ideológico de la socialdemocracia ha convencido a los políticos de que tienen que hacer un montón de cosas, tantas cosas buenas como puedan, y el crecimiento económico de los últimos tiempos los ha convencido de que pueden hacerlas y que cada día podrán hacer más. Pero esto no pasa de ser una doble mentira. Porque por mucho dinero que los gobiernos sean capaces de recaudar, nunca serán capaces de imponer el bien ni de erradicar el mal. Su labor seguirá siendo, como siempre ha sido, la de elegir el menor de entre los males posibles. Y porque por mucho dinero que los gobiernos inviertan en la sanidad pública (y supuestamente gratuita) nunca podrán evitar que la gente muera. Porque Dios no acepta sobornos y el diablo no existe. Es por esto que debemos ser muy cuidadosos con lo que esperamos y exigimos que hagan los gobiernos, con todo lo que dejamos en sus manos. Porque en lo que les exigimos es en lo mismo en que dependeremos de ellos. Esto es más evidente cada día que pasamos de crisis. Y por eso es cada día más evidente que debemos intentar protegernos de la debilidad del Estado tanto como de su fortaleza. Un político que no tuviese mucho que perder en las próximas elecciones podría convertir esta evidencia en un lema de campaña tan liberal-conservador como "menos impuestos, más responsabilidad".

Artículo publicado en ElSingularDigital

2.8.12

El engaño de Ernest Maragall

La decisión de Ernest Maragall de votar por libre y en contra de su partido ha reabierto el viejo debate sobre la libertad de voto de los diputados. Parece que esta es la última versión de la titánica batalla que libran los auténticos demócratas contra la supuesta tiranía de la partitocracia. Y parece ser que Ernest Maragall, al no tener ninguna intención de abandonar el escaño ni el partido, está llamado a convertirse en el próximo mártir de esta noble causa. Jaume Collboni ya le instó a "reflexionar" sobre su papel como diputado del PSC, y el partido lo ha amenazado con una sanción disciplinaria que podría acabar con su expulsión del grupo parlamentario.
Todo este revuelo podría leerse en clave meramente interna, como una nueva lucha por el poder dentro del partido. Una nueva guerra entre ese sector catalanista que se supone que existe dentro del PSC y el sector de los dirigentes más cercanos al PSOE. Quién sabe. Quizás es cierto que también en casa de socialista se acerca la hora de la verdad y que pronto veremos un partido claramente dividido entre soberanistas y centralistas. Si este fuera el caso, yo diría que los partidarios del sector catalanista y los que esperan que tenga un papel destacado en el nuevo "escenario nacional" quizás deberían preocuparse de ver Ernest Maragall tan solo dentro del PSC.
Pero parece que lo que hace tan interesante el caso Maragall no es sólo eso, sino que nos presente la enésima oportunidad de plantear las auténticas reformas de fondo que se supone que se necesitan para mejorar la calidad de nuestra democracia. Es una nueva oportunidad para discutir sobre la reforma de la ley electoral y para dirigir esta discusión hacia las listas abiertas, que, según dicen, es lo que quiere todo el mundo menos quien debería quererlo. Y se nos presenta como una oportunidad de hacerlo porque el caso Maragall ha vuelto a poner de manifiesto que los diputados y la opinión publicada comparten la creencia de fondo que los "representantes del pueblo" se deben antes a su pueblo y a su conciencia que a su partido. Como muy bien saben los cabezas de lista y los líderes del partido, que son los que realmente se juegan el cargo y el sueldo en cada decisión y en cada elección, eso está muy lejos de ser cierto.
Si las democracias donde los diputados responden directamente ante los electores son democracias más o menos sanas y más o menos fuertes que la nuestra es algo que se puede discutir. Pero en nuestra democracia los que responden de sus actos y sus decisiones ante la ciudadanía no son los diputados, sino los partidos. Y en una democracia como la nuestra, los diputados no están en el Parlamento en representación de sus electores y mucho menos de su conciencia. Maragall, como todos los demás diputados, está en el Parlamento en representación de su partido, y es el partido quien responde de sus actos ante la ciudadanía. Saltarse la disciplina de voto en vez de abandonar el escaño y el partido no es sólo presumir de independencia de criterio, sino de engañar a los electores y a los dirigentes a quienes debe el cargo y el sueldo. Es situarse en esa zona oscura del sistema donde el político no debe responder de sus actos ante el pueblo.

Artículo publicado en El Singular Digital